Caso de orden público

Redacción Revista Petróleo y Gas julio 17, 2016 Comentarios desactivados en Caso de orden público

Silveriooooooooooooooooooo

SILVERIO GÓMEZ CARMONA

Director

<Silgom2012@hotmail.com>

La violación de la ley no tiene excepciones, incluyendo a los indígenas y a las minorías de todo tipo.

Mayo 30 de 2016. Un grupo de 200 personas de las comunidades U’wa y Motilón Barí bloqueó las instalaciones de la planta de gas de Ecopetrol en Gibraltar, en Toledo- Norte de Santander y la reparación del gasoducto que lleva el gas a Bucaramanga, su zona metropolitana, a Barrancabermeja y áreas cercanas. Fueron retenidos 20 trabajadores, a quienes se les impidió salir de las instalaciones. Pregunta de este director: ¿Alguien puede hacer eso sin violar la ley?

Junio 25 de 2016. “Los indígenas permitieron el cambio de turno de los trabajadores como un gesto humanitario, luego de confirmar la visita del altos funcionarios del Gobierno Nacional”, dijo Ecopetrol y anunció que “continuará buscando acuerdos con las comunidades indígenas para que permitan la reparación del gasoducto que lleva el gas a Bucaramanga y su zona metropolitana, Barrancabermeja y áreas cercanas.” Pregunta de este director: ¿Es un gesto humanitario permitir la salida de los trabajadores y que más de 300.000 familias vuelvan a tener gas?

Junio 29: Como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se encuentra fuera del país, los indígenas aceptan que el vice ministro, Guillermo Rivera, asuma el diálogo que deberá comenzar este junio 30. Ya permitieron el transporte de alimentos y desbloquearon la vía. Pregunta: los nativos pueden impedir el acceso de alimentos o taponar una vía pública?

Las peticiones de los indígenas son básicamente tres: la delimitación del resguardo U´wa con la que se ha comprometido el Ministerio de Interior, pues esa comunidad reclama el lugar donde funciona la planta como territorio ancestral y colectivo; que les den la administración del Parque del Cocuy pues según su opinión Parques Nacionales “no lo ha hecho bien” porque “en lugar de pensar en la protección de la tierra, lo administra como una agencia turística”y la pavimentación de una vía de 190 kilómetros para ir a Cúcuta y Bucaramanga.

Los indígenas solicitan la tenencia de los terrenos de Gibraltar, pese a que la planta está por fuera del resguardo y Ecopetrol tiene los permisos. La empresa no tiene nada que ver con el parque del Cocuy ni con la pavimentación de la vía y es ridículo que los nativos le den lecciones a Parques Naturales sobre ese manejo.

Hace unos meses, el entonces ministro de Minas, Amilkar Acosta, sostuvo que había que preprarse para menos violencia y más protesa social que iba acaracterizar el posconflicto. Si el de Giblaltar es el modelo, lo que la espera a la industria minera es muy preocupante y solo hay que imaginar lo que estará pensando un inversionista extranjero sobre el tema, cuando se le invite a entrar a nuestro país.

No señores. La violación de la ley no tiene excepciones, incluyendo a los indígenas y a las minorías de todo tipo. En Gibraltar se ha dado la figura del secuestro y una afectación provocada del suministro de un servicio público y ese antecedente no se puede pasar por alto, como si nada. Ese abuso egoísta de quienes reclaman un incumplimiento o una reivindación, por más legítimas que sean, no lo puede permitir ni la sociedad ni el Estado y nada tiene que ver con el proceso de paz. Es un tema de orden público y de policía.

de D.: al cierre de esta edición, 29 de junio, no había avance alguno.

 

 

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